Argentina habilita la ciudadanía por inversión de 350.000 dólares sin exigir residencia previa

El gobierno argentino introdujo una reforma sustancial al sistema de otorgamiento de la ciudadanía a través del Decreto 366/2025. Esta norma permite que los extranjeros accedan a la naturalización mediante lo que se denomina una 'inversión relevante', eximiéndolos de la obligación de acreditar un período mínimo de residencia en el territorio nacional. El programa, cuya implementación está prevista para el último trimestre de 2026, establece dos vías principales de acceso: realizar un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o adquirir un título público por un valor de 800.000 dólares.

Debate sobre la naturaleza de la inversión y la soberanía

La medida ha generado controversia al cuestionar si se trata de una estrategia para atraer capital productivo o de un mecanismo de recaudación a cambio de derechos políticos. Los críticos señalan que, a diferencia de la inversión productiva tradicional que implica la creación de empresas, infraestructura o empleo, este aporte económico no exige el desarrollo de ninguna actividad productiva. Al otorgar la ciudadanía, se concede a los beneficiarios el derecho al voto y la participación en la vida democrática, un vínculo jurídico y político que, según los analistas, difiere de la simple residencia migratoria o la posesión de un pasaporte.

Además, el procedimiento para otorgar esta ciudadanía extraordinaria fue trasladado desde la órbita judicial a la Dirección Nacional de Migraciones, bajo la intervención de una agencia especializada dependiente del Poder Ejecutivo. Esta modificación administrativa ha suscitado preocupaciones sobre las garantías de transparencia, objetividad y revisión judicial necesarias para conceder un derecho de tal trascendencia, aunque se mantienen controles administrativos y de seguridad.

La reforma se enmarca en un contexto más amplio de cambios en la legislación territorial. El artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 derogó la Ley 26.737, que anteriormente establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Esa ley imponía un tope general del 15% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, y limitaba a las personas de una misma nacionalidad al 30% de ese porcentaje. La eliminación de estas restricciones, combinada con la nueva vía de naturalización, plantea interrogantes sobre las herramientas que conserva el Estado para proteger sus recursos estratégicos frente a posibles procesos de concentración patrimonial.

A pesar de las críticas, la iniciativa se alinea con una visión de política migratoria de 'puertas abiertas' que busca atraer capital extranjero y promover el desarrollo económico. No obstante, los defensores de la soberanía nacional enfatizan la necesidad de mantener instituciones sólidas y controles independientes que salvaguarden los intereses territoriales y estratégicos del país, diferenciando la apertura a la inversión genuina de la conversión de la ciudadanía en una contraprestación económica.