La UAEMéx lanza un sistema digital para agilizar denuncias de irregularidades

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ha puesto en marcha el Sistema de Denuncia del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatorio (PRAS). Esta nueva plataforma digital tiene como objetivo centralizar y agilizar la recepción, atención y seguimiento de presuntas irregularidades dentro de la institución, buscando consolidar una cultura de integridad y legalidad.

La presentación oficial tuvo lugar en el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado. Junto a ella estuvieron el secretario de Centros Universitarios, José Guadalupe Miranda Hernández, y diversos integrantes de la comunidad universitaria. Zarza Delgado explicó que esta iniciativa es parte de la Transformación Universitaria, un proceso respaldado por la nueva Ley de la Universidad que busca modernizar la institución y revertir rezagos históricos.

Un enfoque centrado en la transparencia y los derechos humanos

La rectora destacó que el PRAS funciona como una vía de escucha ágil para estudiantes, docentes y personal administrativo. El sistema permite un acompañamiento directo y transparente en la resolución de conflictos. Por su parte, Evelin Rodríguez Barranco, directora general de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, subrayó que el diseño de la herramienta responde a la necesidad de contar con mecanismos seguros y confiables. Rodríguez Barranco enfatizó que la denuncia debe verse como una oportunidad para prevenir, corregir y mejorar las condiciones de convivencia, garantizando que ningún tipo de violencia tenga cabida en los espacios universitarios.

Durante el evento, la comisionada de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, Karla Isabel Colín Maya, impartió una conferencia sobre derechos humanos en contextos universitarios. Colín Maya calificó al nuevo sistema de denuncia como una conquista institucional y una muestra de voluntad política. Afirmó que las universidades, al ser entes públicos, tienen la obligación de proteger los derechos de quienes las integran, y que esta herramienta acerca a la comunidad recursos accesibles para investigar irregularidades y determinar responsabilidades.