Prisión preventiva para el titular de Grupo Delsud por loteos ilegales en La Plata

La jueza de Garantías Marcela Garmendia dictó la prisión preventiva para Francisco Alberto Vila Basualdo, titular de Grupo Delsud; su exesposa, Eugenia Martínez; y Nadia Antonella Lima. Esta medida judicial, solicitada por el fiscal Juan Menucci de la UFI N° 5, convierte las detenciones previas en prisión preventiva mientras avanza la investigación por presuntas estafas vinculadas a la comercialización de terrenos en la ciudad de La Plata, Argentina.

Acusaciones por venta de participaciones indivisas

Según la imputación, Vila Basualdo y Martínez son acusados de ser coautores de diez hechos de estafa, mientras que a Martínez se le atribuye además el presunto uso de un documento falso. Lima, por su parte, está imputada como coautora de ocho hechos de estafa. La hipótesis judicial sostiene que los compradores fueron inducidos a creer que adquirían lotes individuales aptos para construir viviendas, con servicios y posibilidad de obtener escritura propia. Sin embargo, las operaciones se instrumentaban mediante la cesión o venta de participaciones indivisas de terrenos de mayor extensión, sin las autorizaciones urbanísticas necesarias para su desarrollo.

La investigación se centra en los emprendimientos inmobiliarios Sophenia y Garden. En el caso de Garden, ubicado en la zona de Ruta 36 y 425, se lo promocionaba como un barrio privado con apertura de calles, cerco perimetral y electricidad. En Sophenia, en la zona de 30 y 628, Arana, también se ofrecieron sectores como lotes residenciales dentro de un barrio semicerrado. La Justicia consideró que los predios no contaban con las aprobaciones correspondientes y que las promesas realizadas fueron determinantes para que las víctimas entregaran anticipos, cuotas y sumas adicionales por trabajos como mensuras o conexiones eléctricas.

El expediente analiza la intervención coordinada de firmas como Grupo Delsud, Four Capital y Grava Desarrollos en distintas etapas de las operaciones, desde el contacto inicial hasta el cobro. La jueza no calificó los episodios como conflictos comerciales aislados, sino como un patrón común de engaño a los compradores sobre las condiciones reales de los terrenos. La responsabilidad específica de cada imputado deberá determinarse durante el proceso judicial.