Argentina suspende 21.812 pensiones por invalidez tras revocar fallo judicial

El Gobierno de Argentina ha decidido mantener la suspensión de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, una medida que impacta directamente a más de 700 residentes de la provincia de Mendoza. Esta acción administrativa se enmarca en una revisión exhaustiva de los requisitos para acceder a estos beneficios, que ha generado un largo proceso judicial y administrativo durante los últimos dos años. Los afectados, muchos de los cuales no cuentan con el Certificado Único de Discapacidad, enfrentan ahora un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación necesaria que acredite la continuidad de su beneficio.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), organismo a cargo de la gestión, justificó la suspensión argumentando la ausencia de presentaciones o antecedentes médicos y socioeconómicos suficientes para sostener el pago. Según informó el vocero presidencial Adrián Ravier, la medida busca asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes cumplen con los criterios establecidos. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad han criticado duramente el proceso, señalando deficiencias en los mecanismos de notificación y la paralización de trámites que ya estaban en curso.

Un conflicto judicial que atraviesa tres años

La disputa en torno a estas pensiones no contributivas (PNC) se originó en 2024 con la publicación del Decreto 843, que endureció los requisitos de acceso al exigir un grado de incapacidad laboral del 66% o superior, además de criterios socioeconómicos estrictos. Esta normativa facultó a la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a realizar auditorías masivas. En 2025, las citaciones médicas enviadas mediante carta documento derivaron en la baja de más de 100.000 beneficios en todo el país, lo que provocó una reacción judicial inmediata.

En septiembre de 2025, el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ordenó suspender las auditorías y restituir las pensiones ante un amparo colectivo presentado por el Defensor del Pueblo de esa provincia y asociaciones civiles. Un mes después, la medida se extendió a todo el territorio nacional, y en noviembre se declaró inválida la baja de los beneficios. No obstante, en febrero de 2026, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el fallo anterior tras una apelación del Gobierno nacional, argumentando que no existía una situación homogénea para tratar el caso como una acción colectiva. Esta decisión invitó a los exbeneficiarios a presentar reclamos individuales, lo que llevó al Gobierno a publicar la Resolución 3695 en octubre, dejando sin efecto la restitución cautelar para un grupo inicial de 21.812 titulares.

Críticas por la falta de accesibilidad en las notificaciones

Georgina Cicchitti, directora de atención a las personas con discapacidad del Gobierno provincial de Mendoza, reconoció que las notificaciones constituyen una de las principales dificultades detectadas. Según los datos provistos por la Senadis, los domicilios utilizados para las notificaciones se obtuvieron mediante el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esto generó problemas en casos donde los beneficiarios habían cambiado de residencia sin actualizar su documento nacional de identidad, impidiéndoles tomar conocimiento de la convocatoria dentro de los plazos establecidos.

Monica Bascuñán, dirigente del Observatorio de Discapacidad en Mendoza, denunció que muchas personas no se enteraron de las citaciones debido a la falta de conectividad o a situaciones de inestabilidad habitacional. Bascuñán señaló que las personas con discapacidad suelen vivir en situación de pobreza y alquilar, lo que dificulta la recepción de correspondencia oficial. Además, advirtió que la falta de recursos y personal en las dependencias de la Senadis y PAMI para atender la demanda de reempadronamiento agrava la situación, ya que los efectores de salud públicos deben absorber el impacto de estas bajas.

Para regularizar su situación, los notificados pueden realizar el trámite de manera virtual a través de la Plataforma Trámites a Distancia o enviando la documentación requerida (DNI, documentación médica, Certificado Médico Oficial y datos de contacto) al correo electrónico oficial de la Senadis. También pueden presentarse de forma presencial en las Unidades de Gestión Local de PAMI o en las oficinas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, aunque las organizaciones de la sociedad civil alertan sobre la saturación de estos servicios.