Argentina: oficialismo negocia Presupuesto 2027 y reforma del Banco Central con aliados
La Libertad Avanza acelera conversaciones para aprobar la ley de leyes y dos reformas clave antes de fin de mes, enfrentando una lista de reclamos económicos y políticos de los bloques aliados.

El Gobierno de Javier Milei intensificó las negociaciones con los bloques aliados en la Cámara de Diputados de Argentina con el objetivo de destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027 y dos proyectos de reforma estructural. La prioridad oficialista es llevar el proyecto de ley de leyes al recinto el 18 o el 25 de noviembre, mientras que las iniciativas de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central apuntan a ser tratadas el 12 de noviembre, aunque esta fecha podría ajustarse según el avance del debate presupuestario.
La articulación de estos acuerdos está liderada por Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Bertie Benegas Lynch, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Según las fuentes, aunque aún no hay acuerdos cerrados, las conversaciones se centran en atender una serie de demandas específicas presentadas por los espacios que acompañan al oficialismo, las cuales condicionan el apoyo definitivo a los proyectos.
Reclamos económicos y fiscales
Uno de los puntos más sensibles de la negociación es el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Los bloques dialoguistas, alineados con la presión de varios gobernadores, exigen que estos fondos se destinen específicamente al mantenimiento de las rutas nacionales, un objetivo original de la implementación del tributo. Desde el PRO, la bancada liderada por Cristian Ritondo planteó la revisión de la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires y la reducción del impuesto a los huevos y sus derivados, un pedido impulsado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que busca bajar la alícuota del 21% al 10,5%.
La Unión Cívica Radical (UCR) centró sus exigencias en el financiamiento de las universidades públicas. Existe una brecha significativa entre los 7 billones de pesos que contempla la propuesta del Gobierno y los 11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los radicales intentan cerrar el debate, pero advierten que la falta de garantías presupuestarias para las personas con discapacidad podría llevar a varios aliados a votar en contra de artículos específicos de la ley. Además, la UCR aguarda una definición sobre el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa aprobada por el Senado que busca atraer capital nacional y extranjero.
Otro frente de conflicto es la ley de biocombustibles, aprobada por el Senado el 17 de septiembre pero trabada en Diputados por diferencias sobre el biodiésel. Provincias productoras como Córdoba y Santa Fe, a través del bloque Provincias Unidas, presionan para avanzar con la norma. Legisladores como Eduardo Falcone advirtieron que ciertos artículos podrían perjudicar a unas 25 pymes regionales al favorecer a grandes empresas multinacionales con mayor capacidad productiva, un punto de fricción que el oficialismo debe resolver para no perder apoyos clave.
Reformas institucionales y calendario legislativo
Paralelamente, el oficialismo logró dictámenes para los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma del Banco Central. El texto de Malvinas contempla sanciones de hasta 20 años de prisión por la explotación de recursos naturales en la zona sin autorización argentina, aunque se excluyeron accionistas con participaciones menores al 2% y se redujeron las multas iniciales. Para calmar a la oposición y a las entidades periodísticas, se incorporó una comisión bicameral de seguimiento y se excluyó expresamente la actividad periodística de las disposiciones sobre injerencia extranjera.
En cuanto al Banco Central, la reforma establece la preservación del valor de la moneda como objetivo central y prohíbe el financiamiento al Tesoro mediante adelantos transitorios o compra de títulos públicos. El Senado modificó la designación de autoridades, exigiendo ahora una mayoría absoluta en la Cámara alta en lugar de dos tercios en ambas cámaras. El cronograma de estas sesiones está condicionado por los feriados nacionales y provinciales vinculados a la visita del papa León XIV a Argentina, que se extenderán desde el 9 al 11 de noviembre.
El Gobierno busca aprobar estas reformas antes del debate del Presupuesto 2027 para consolidar su agenda económica y política. El éxito de estas negociaciones dependerá de la capacidad del oficialismo para equilibrar sus objetivos de austeridad fiscal con las demandas sectoriales y regionales de sus aliados, en un contexto donde la falta de consensos podría derivar en vetos cruzados o la caída de artículos clave en el recinto.
Contexto
La negociación del Presupuesto 2027 es un proceso anual clave en Argentina que define el marco fiscal del Estado. En este ciclo, el oficialismo enfrenta una oposición fragmentada pero con bloques aliados que negocian a cambio de beneficios específicos. Las reformas al Banco Central y la ley de Malvinas son parte de la agenda estructural del gobierno de Javier Milei, que busca blindar la autonomía monetaria y reforzar la postura soberanista en el conflicto con Reino Unido.
Fuentes
Esta información se ha elaborado a partir de 2 fuentes:
- diariopanorama.com — El Gobierno negocia con sus aliados para avanzar con el Presupuesto 2027 y enfrenta una ola de reclamos
- filo.news — Diputados: el Gobierno busca tratar los proyectos de Malvinas y Banco Central antes del Presupuesto 2027
Texto redactado con asistencia de inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas. Así trabajamos.


