El PAN exige castigo a responsables de la crisis del INE tras la renuncia de Taddei

Jorge Romero Herrera, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no resuelve la crisis institucional ni exime de responsabilidad a los implicados. El dirigente exigió que se continúen las investigaciones para esclarecer el destino de los recursos públicos y se castigue a quienes resulten responsables de presuntos delitos de corrupción, conflicto de interés y contratos irregulares, sin importar el cargo que hayan ocupado.

Romero Herrera criticó los intentos del partido oficialista, Morena, por deslindarse de la gestión de Taddei. Según el PAN, el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebró públicamente su nombramiento en 2023 y reconoció cercanía con su familia. Para el partido opositor, los vínculos familiares de Taddei con funcionarios de Morena y las decisiones legislativas que fortalecieron su poder contradicen la postura de desvinculación del oficialismo.

Investigación y montos en disputa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio por indicios de conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Diversos medios han reportado cifras distintas sobre las irregularidades: Reforma documentó operaciones observadas en contratos por 514 millones de pesos, mientras que El País reportó 853 millones en 21 licitaciones con indicios de competencia simulada. La Jornada señaló que empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron al menos 49 contratos por mil 450 millones de pesos entre 2018 y 2025. El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, informó que existen 18 expedientes abiertos, de los cuales cinco pasaron a procedimientos de responsabilidad administrativa.

Ante esta situación, el PAN impulsa una contrarreforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). El objetivo es retirar las facultades otorgadas en 2024 que permitían a la presidencia del INE designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas sin la aprobación del Consejo General, restableciendo así el mecanismo de designaciones colegiadas. Romero Herrera insistió en que la Cámara de Diputados debe garantizar un proceso transparente para elegir a la nueva presidenta del INE, asegurando perfiles independientes, honestos y con experiencia.

La crisis pone en juego la credibilidad del instituto, que debe organizar el proceso electoral en marcha y la elección del año entrante. Las autoridades deben determinar si hay elementos para investigar delitos federales como peculado o delincuencia organizada, y cuantificar el daño al erario para proceder con sanciones que pueden incluir inhabilitación, multas o prisión.