AMVITUR alerta sobre restricciones a viviendas turísticas en CDMX ante debate en la SCJN

La Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) ha emitido una alerta sobre las disposiciones que regulan las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs) en la Ciudad de México, en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta la constitucionalidad de estas normas. El gremio sostiene que mantener restricciones estrictas, particularmente el límite de ocupación anual del 50%, genera incertidumbre jurídica y obstaculiza la operación formal de una actividad económica legítima que sustenta el ingreso de miles de hogares.

Impacto económico y habitacional

Según datos recopilados por AMVITUR y citados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el turismo representa el 8.7% del PIB mexicano y el 7.4% del empleo nacional. Dentro de este sector, las viviendas turísticas contribuyen con aproximadamente el 5% del PIB turístico, lo que equivale a 133 mil millones de pesos, y generan oportunidades de ingreso para unas 160 mil familias. La asociación argumenta que estas cifras demuestran la relevancia económica del sector y la necesidad de que la regulación sea técnica y cumplible.

En el plano habitacional, AMVITUR señala que en la capital del país hay unas 25,759 viviendas turísticas activas, lo que representa apenas el 0.8% de las 3.03 millones de viviendas existentes. En contraste, se registran alrededor de 207 mil viviendas deshabitadas, equivalentes al 7% del parque habitacional. El director general de AMVITUR, Sean Cázares Ahearne, enfatizó que regular no debe significar impedir la operación de negocios formales y que las reglas deben tener una justificación técnica clara para evitar consecuencias difíciles de corregir.

Además de la limitación de ocupación, la asociación ha identificado dificultades administrativas. La ley local exige una clave de establecimiento mercantil a partir del cuarto inmueble, pero el sistema electrónico de permisos (SIAPEM) no cuenta con una clasificación específica para este tipo de actividades, lo que impide a los operadores cumplir adecuadamente con la normativa. AMVITUR considera que la revisión por parte de la SCJN es una oportunidad para corregir estas contradicciones y gobernar mejor, protegiendo tanto el acceso a la vivienda como la competitividad turística.