Fiscalía de Michoacán confirma que el CJNG vengó la captura de un jefe de plaza para matar a Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, fue una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la FGE, explicó que no existen indicios de que el crimen esté relacionado con la actividad política del edil, sino que responde a la confrontación directa que Manzo sostuvo con la organización criminal en la región.

Según la carpeta de investigación, la represalia se originó tras la captura de René Belmontes Aguilar, conocido como “El Rhino” o “El Chamuco”, jefe de plaza del CJNG en Uruapan, ocurrida el 27 de agosto de 2025. Manzo exhibió e insultó públicamente al detenido en una transmisión en vivo en Facebook, la cual eliminó minutos después. Para la Fiscalía, este acto desencadenó la orden de ejecución contra el alcalde.

Avance del 90% y detenciones clave

La investigación ha alcanzado un avance del 90 por ciento, con 34 detenidos, entre ellos el presunto autor intelectual y el responsable de planear la ejecución. Al menos 29 de ellos ya están vinculados a proceso. La FGE ha realizado 3,500 actos de investigación, analizado 1,200 horas de video y llevado a cabo 120 audiencias. Para concluir la parte correspondiente al fuero común, faltan dos diligencias principales: la captura de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, y la obtención de los teléfonos celulares del exalcalde.

La Fiscalía identifica a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, líder de la célula “Los Rs” del CJNG en Michoacán, como el autor intelectual. Fue capturado en julio de 2025 en Jalisco. Su segundo, Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, detenido en noviembre de 2025, es señalado de haber coordinado paso a paso el ataque. Según la FGE, el cártel ofreció dos millones de pesos por el homicidio. El tirador, un joven de 17 años, fue abatido por la escolta en el lugar de los hechos.

Controversia por los teléfonos y presunta obstrucción

El punto más polémico de la investigación es la posesión de los teléfonos de Manzo, que permanecen en manos de su viuda y sucesora, Grecia Quiroz García. La FGE ha solicitado los dispositivos en cuatro ocasiones, advirtiendo que Quiroz podría enfrentar un arresto administrativo por obstruir la justicia. Los equipos son considerados indispensables para peritajes forenses, como verificar alteraciones en la cuenta de WhatsApp del exedil.

Quiroz sostiene que los celulares no estaban con Manzo al momento del ataque y que fueron entregados por otro funcionario. Por su parte, Juan Daniel Manzo, hermano del alcalde asesinado, acusa a su cuñada y a su movimiento político de obstruir las indagatorias y de convertir el caso en mercancía electoral. La disputa ha generado tensiones internas, con denuncias cruzadas de filtración de información y manipulación de la escena del crimen, mientras ambos bandos piden que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma el caso, aunque la competencia sigue siendo estatal.

La investigación también ha alcanzado al entorno cercano del exalcalde. Siete escoltas fueron detenidos y vinculados a proceso, al igual que Samuel García Rivero, exdirector de Protocolo, acusado de filtrar la agenda de Manzo a la célula del CJNG. Recientemente, Rosa Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar de Uruapan, fue detenida por encubrimiento, presuntamente por ser familiar de los escoltas detenidos y por no atender citatorios previos.