FGR aclara que suspensión definitiva no cierra caso penal contra Ernesto Ruffo

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado para aclarar que la concesión de una suspensión definitiva a favor de Ernesto Ruffo Apel no implica la conclusión de la causa penal ni su exoneración. Según el boletín 770/26, fechado el 1 de noviembre de 2026, la resolución judicial únicamente detiene temporalmente el avance del procedimiento mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la defensa del exgobernador de Baja California.

La medida fue dictada el 29 de octubre por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dentro del expediente 1085/2026. Esta determinación impide que la causa avance hacia la etapa de juicio oral una vez concluida la fase intermedia, pero la FGR subraya que no representa un sobreseimiento ni una resolución de fondo sobre la responsabilidad penal del imputado. Por ello, la institución reiteró que continuará con las investigaciones para llevar ante la justicia a las personas responsables.

Antecedentes del proceso judicial

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California. La FGR lo señala como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, a la que imputa la importación ilegal de gasolina y diésel mediante ferrotanques, con un presunto daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos. Inicialmente, Ruffo permaneció dos meses y medio en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, hasta que el 25 de septiembre obtuvo autorización para cumplir prisión preventiva bajo resguardo domiciliario en Ensenada, custodiado por la Guardia Nacional.

Esta no es la primera resolución favorable para el exmandatario en el proceso de amparo. A principios de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca declaró infundada una queja de la FGR contra una suspensión previa concedida por otro juzgado. El expediente fue turnado a la jueza Lazalde Íñiguez para evitar resoluciones contradictorias, dado que ella ya conocía otro amparo relacionado con la prisión domiciliaria. La aclaración de la Fiscalía surge tras versiones periodísticas que interpretaron erróneamente la suspensión definitiva como el cierre del caso.