El Tribunal Supremo sanciona el uso de IA en escritos legales por 'alucinaciones' jurisprudenciales

La integración de la inteligencia artificial en el ejercicio del derecho ha dejado de ser una proyección futura para convertirse en una realidad que está transformando la práctica legal y la Administración de Justicia. Si bien estas herramientas prometen aumentar la eficiencia y reducir costes, su adopción plantea desafíos profundos respecto a principios jurídicos fundamentales como la seguridad jurídica, la buena fe procesal y la tutela judicial efectiva. El núcleo del debate gira en torno a la delegación de tareas que requieren interpretación normativa y razonamiento crítico en sistemas algorítmicos, cuyos errores pueden tener consecuencias graves para las partes implicadas.

Un caso paradigmático que ilustra estos riesgos es la Sentencia 803/2026, dictada el 29 de junio por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España. En este procedimiento contencioso-administrativo, el Alto Tribunal detectó que un escrito procesal contenía referencias jurisprudenciales cuyos pronunciamientos no coincidían con el contenido real de las resoluciones citadas. Los fragmentos entrecomillados no guardaban ninguna correspondencia literal ni sustancial con las sentencias invocadas, lo que llevó al tribunal a remitir el asunto al Consejo General de la Abogacía Española para evaluar las posibles responsabilidades profesionales del letrado.

La responsabilidad no se transfiere al algoritmo

Este incidente evidencia uno de los riesgos más documentados de la inteligencia artificial generativa: las 'alucinaciones'. Se trata de la producción de información que parece coherente y verosímil, pero que carece de base en fuentes reales. En el ámbito jurídico, una referencia inexistente no es una simple imprecisión técnica, sino que puede comprometer la fundamentación de una pretensión y alterar el desarrollo del debate judicial. Las recientes resoluciones judiciales establecen que la disponibilidad de estas herramientas no reduce el estándar de diligencia exigible al profesional, sino que puede concretarlo. El uso de IA no está prohibido, pero tampoco permite trasladar al algoritmo la responsabilidad por el contenido de los escritos presentados.

La supervisión humana deja de ser una recomendación de buenas prácticas para convertirse en una exigencia vinculada a los deberes deontológicos. La justicia puede apoyarse en algoritmos, pero no puede delegar en ellos las garantías que la definen. El verdadero desafío no es que una máquina elabore argumentos convincentes, sino garantizar que sean correctos, verificables y compatibles con los derechos de las personas.

Más allá de los fallos judiciales, la transformación tecnológica está redefiniendo los límites de la privacidad y la prestación de servicios legales. En Reino Unido, la plataforma Garfield AI, autorizada por el regulador profesional, preparó la documentación para una reclamación de aproximadamente 7.000 libras con un coste cercano a 400 libras para la demandante, logrando una resolución favorable aunque la representación en juicio la realizó un abogado. Este ejemplo plantea cuestiones críticas sobre la atribución de responsabilidad en ecosistemas donde intervienen desarrolladores, proveedores y usuarios, especialmente cuando los sistemas generan resultados probabilísticos y sus procesos internos no son totalmente transparentes.

La digitalización del entorno jurídico también exige una revisión del marco normativo, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos y la regulación europea de IA. Algunas aplicaciones vinculadas a la Administración de Justicia pueden considerarse sistemas de alto riesgo, lo que implica obligaciones reforzadas. La incorporación de la IA al derecho no debe debilitar las garantías del sistema, sino exigir un modelo de gobernanza basado en la verificabilidad, la transparencia y la seguridad.