Diputados piden comparecencia de Nery Ruiz por vínculos del IEE Sonora con caso Taddei

El Congreso de Sonora recibió el 27 de octubre una solicitud formal para llamar a comparecencia a Nery Ruiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE). La petición, presentada por los diputados del PRI Emeterio Ochoa Bazúa e Iris Sánchez Chiu, busca que el funcionario aclare su gestión administrativa y financiera tras quedar vinculado al escándalo de corrupción conocido como el caso Taddei.

Los legisladores argumentan que el IEE Sonora contrató a las mismas empresas proveedoras que fueron señaladas en las investigaciones sobre el Instituto Nacional Electoral (INE). Según la solicitud, Ruiz debe explicar las indagatorias abiertas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la contratación de firmas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas. Los diputados insisten en que el organismo y su titular no pueden permanecer en silencio ante los señalamientos de un posible conflicto de interés, aunque hasta el momento Ruiz no se ha pronunciado públicamente.

Deslinde de los consejeros del INE

En paralelo, los consejeros del INE Carla Humphrey, Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas negaron haber tenido conocimiento o participación en la forma en que la presidencia del instituto, encabezada por Guadalupe Taddei, celebraba los contratos de prestación de servicios. Espadas Ancona afirmó que los consejeros no tomaban decisiones administrativas, mientras que Humphrey recordó que impugnó ante el Tribunal Electoral la reforma que otorgó facultades totales de nombramiento a la presidencia.

Arturo Castillo calificó de "urgente" que el Congreso de la Unión revierta la reforma que otorgó "superpoderes" a la presidencia del INE, argumentando que dicha medida rompió la colegialidad y redujo la capacidad de vigilancia del Consejo General. Los consejeros manifestaron su disposición a colaborar con las investigaciones de la ASF y del Órgano Interno de Control para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

La ASF mantiene abiertas revisiones por más de 500 millones de pesos para determinar si se incurrió en adjudicaciones irregulares con los contratistas investigados, quienes presuntamente incurrieron en simulación de competencia mercantil y esquemas de corrupción.