Sofía Puente recurrirá la admisión de la querella por la 'ley de nietos'

Sofía Puente, secretaria general para la innovación y calidad del servicio público de Justicia, ha confirmado que recurrirá la admisión a trámite de la querella interpuesta en su contra por la asociación Hazte Oír (HO). La acusación se basa en un presunto delito de prevaricación administrativa por la instrucción normativa que desarrolló la conocida como 'ley de nietos', la cual amplió los supuestos para obtener la nacionalidad española y el voto exterior.

Estrategia legal y plazos

Fuentes cercanas al caso indican que Puente, asistida por un abogado particular de Valladolid y no por la Abogacía del Estado, valora dos vías: presentar un recurso de reforma ante la misma magistrada, Inmaculada Lova Ruiz, en un plazo máximo de tres días, o acudir directamente a la Audiencia Provincial de Madrid mediante alegaciones en apelación en los cinco días siguientes. El objetivo es que sea la instancia superior la que revise la procedencia de la acción penal.

La defensa de Puente argumenta que no puede ser investigada nuevamente porque ya existe una causa anterior, archivada libremente hace dos años, que analizó su actuación. La Fiscalía General del Estado comparte este criterio y ha reclamado la inadmisión de la querella actual, advirtiendo de que concurre la excepción de cosa juzgada debido a la identidad subjetiva y objetiva entre los hechos y la supuesta autora. El cierre de la causa previa fue confirmado por la Audiencia de Madrid en 2024.

Por su parte, Hazte Oír sostiene que Puente dotó irregularmente de una presunción de condición de exiliado a los descendientes de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. La jueza instructora ha otorgado a la asociación un plazo de diez días para alegar sobre la posición de la Fiscalía y la acusada antes de resolver sobre las diligencias de investigación, tras observar que los hechos presentan características que hacen presumir la existencia de delitos. Desde el Ministerio de Justicia, fuentes oficiales califican el proceso como una 'persecución contra cargos públicos' de la 'ultraderecha'.