Policías en Guanajuato alegan que les obligaron a incriminar a buscadoras detenidas en 2020

La justicia sigue en pausa para cuatro buscadoras y una activista detenidas en 2020 en Guanajuato capital, quienes aseguran que nunca fueron detenidas formalmente y que los agentes implicados fueron obligados a firmar documentos que las incriminaban. Durante la audiencia realizada el 21 de octubre, dos de los cuatro oficiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) declararon que la detención se realizó por "órdenes de arriba" y que fueron forzados a firmar la lectura de derechos y la puesta a disposición de las víctimas.

La oficial Atzimba Delgado Coronel, quien formaba parte de la Policía Urbana, relató que el 10 de julio de 2020 estaba en el cuartel cuando le informaron sobre una manifestación en la glorieta Santa Fe. Según su versión, su superior, el comandante Miguel Belmonte, le ordenó apoyar a sus compañeros para llevar a cabo la puesta a disposición de Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, Karla Verónica Martínez Jiménez, Verónica Durán Lara y María del Carmen Ramírez Mercado, pese a que ella no realizó la detención. Su compañera, Josefina Escobar Peinado, declaró que Belmonte les ordenó dejar el armamento en la patrulla por tratarse de una manifestación pacífica y que, posteriormente, les indicaron que fueran al Ministerio Público a "ayudar a los del Infospe con la documentación de la detención".

Ausencia de motivos legales para la aprehensión

Tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico de las víctimas sustentaron que la manifestación, que inició en la central camionera y terminó con el bloqueo de dos carriles en la glorieta Santa Fe, se mantuvo pacífica. Aunque hubo momentos de tensión cuando elementos antimotines encapsularon a manifestantes y una grúa intentó retirar un vehículo, el resultado fueron cinco lesionados, cuatro de ellos oficiales de la FSPE. Sin embargo, ninguna de las cuatro mujeres detenidas participó en las agresiones, por lo que no existían motivos para detenerlas bajo el supuesto delito de lesiones dolosas. Asimismo, se argumentó que tampoco había base legal para detenerlas por obstrucción de vías de comunicación, citando un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las leyes de seguridad que estipulan el uso de la fuerza como último recurso.

El caso ha enfrentado un litigio de seis años. La Fiscalía determinó no ejercer acción penal en 2020, 2022 y 2023, pero tras las impugnaciones de las víctimas, una jueza federal ordenó reabrir el expediente. En julio de 2026, el Ministerio Público ejerció finalmente acción penal por presunto abuso de autoridad contra Atzimba Delgado Coronel, Elizabeth Rosales Estrada, Josefina Escobar Peinado y Alejandra Alcocer López. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para reunir el expediente laboral de los elementos y la orden del día. La audiencia se reanudará el lunes 26 de octubre a las 10:30 horas, cuando el juez decidirá si habrá vinculación a proceso penal.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato acreditó en 2021 violaciones a la libertad personal y la seguridad jurídica, recomendando procedimientos disciplinarios. Aunque la CNDH estimó adecuada la resolución estatal en 2022, las víctimas siguieron exigiendo reparación y una disculpa pública. El abogado de las víctimas, Roberto Saucedo Pimentel, cuestionó que la investigación no haya alcanzado a los mandos que pudieron ordenar el operativo, como el comandante Miguel Belmonte.