México y la ONU discrepan sobre el reconocimiento por la localización de 16 mil desaparecidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantienen posiciones divergentes sobre el significado de los recientes avances en la búsqueda de personas desaparecidas. Mientras la mandataria celebró el cambio de tono del organismo internacional, pasando de la crítica al reconocimiento, el presidente del CED, Juan Pablo Albán, ha exigido aclaraciones sobre la identidad de las 16 mil personas localizadas y ha insistido en que la crisis no ha terminado.

Durante su conferencia matutina del 21 de octubre, Sheinbaum destacó que el Comité reconoció los esfuerzos del gobierno federal, atribuyendo este cambio a las reformas legales impulsadas en 2025 y al fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda. La presidenta señaló que existe una diferencia de interpretación: el organismo internacional vincula los resultados con sus anteriores llamados de atención, mientras que la administración federal los atribuye a la modificación de leyes y al trabajo institucional constante, incluyendo la implementación de alertas tempranas y el análisis de bases de datos.

El Comité exige verificación y recuerda la magnitud de la crisis

En respuesta a la difusión de sus declaraciones como una felicitación, Juan Pablo Albán precisó en su cuenta de X que sus palabras deben entenderse con matices. El funcionario internacional estableció tres puntos clave: primero, la necesidad de conocer la identidad de las 16 mil personas reportadas como localizadas y confirmar si fueron reunidas con sus familias o si estos recibieron información oportuna. Segundo, advirtió que, aun si las cifras son ciertas, todavía quedan más de 120 mil personas por encontrar, por lo que la magnitud de la crisis no se modifica.

Albán también subrayó que estos avances no eximen a la Asamblea General de la ONU de examinar la situación de México, dado que el Comité activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo se utiliza cuando hay indicios fundados de que las desapariciones se practican de manera generalizada o sistemática. El presidente del CED aclaró que esta determinación no implica que se haya establecido la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni que exista una política federal dirigida a cometer estos actos, pero sí obliga a mantener la cooperación internacional.

El gobierno mexicano, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, ha reiterado su rechazo a la interpretación del Comité sobre el alcance de ese artículo, defendiendo las acciones emprendidas para fortalecer los mecanismos de búsqueda. Por su parte, colectivos de familiares de desaparecidos han expresado inquietud ante la falta de transparencia en los criterios de selección de especialistas y han exigido garantías de que ninguna persona sea excluida injustificadamente del registro nacional.

La controversia resalta la tensión entre la narrativa oficial de progreso institucional y las exigencias internacionales de rendición de cuentas y verificación independiente en uno de los problemas sociales más graves que enfrenta la región.