La presidenta del INE pide a la ASF auditar licitaciones tras señalamientos de corrupción

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Guadalupe Taddei Zavala, solicitó formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise las licitaciones y procedimientos de contratación del organismo. Esta medida se toma en medio de una controversia pública derivada de publicaciones del diario Reforma que señalan presuntas irregularidades y vínculos de interés entre exempleados del instituto y empresas proveedoras de material electoral.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 21 de octubre, Taddei negó que bajo su gestión se haya favorecido a compañías específicas. “Esta presidencia no tiene empresas favoritas”, afirmó la funcionaria, quien enfatizó que las decisiones de compra deben basarse en reglas claras, expedientes técnicos y decisiones verificables. La titular del INE aclaró que algunas de las empresas mencionadas en las investigaciones periodísticas mantenían relaciones comerciales con el instituto desde 2019, mucho antes de que ella asumiera la presidencia en 2023.

Respuesta a las investigaciones y transparencia

Los señalamientos iniciales, difundidos por el medio Reforma, se centraron en dos excolaboradores: Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de la presidencia, y Jesús Octavio García González, exencargado de la Dirección de Administración. Según las publicaciones, ambos aparecen vinculados a cargos en empresas como Corporativo Zeg y Cajas Graf, las cuales habrían obtenido contratos millonarios para la producción de material electoral, incluyendo un contrato por 197 millones de pesos para la elección judicial de 2025.

Taddei reconoció que Navarrete estuvo adscrito a la Presidencia del Instituto, pero desmintió que fuera su chofer personal, aclarando que ambos ya no laboran en la institución. La presidenta del INE presentó declaraciones patrimoniales de estos exfuncionarios en las que manifestaban no tener participación en sociedades mercantiles. Ante las discrepancias sobre la veracidad de estas declaraciones, Taddei informó que los antecedentes han sido remitidos al Órgano Interno de Control para que determine si hubo omisiones o falsedades, aunque insistió en que la ASF realizará una revisión independiente de los procesos de contratación.

El contexto de esta solicitud de auditoría externa se intensificó tras la conferencia matutina del 20 de octubre, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al INE aclarar los señalamientos y transparentar el uso de los recursos públicos. Sheinbaum recomendó someter al organismo a una auditoría de la ASF, facultad que corresponde a dicha institución al tratarse de fondos públicos. Además, la mandataria anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación información sobre los Talleres Gráficos de México, una empresa pública que podría ser una alternativa para la provisión de material electoral.

Como parte de su estrategia de transparencia, el INE presentó el micrositio “INE Siempre a la Vista, contigo en cada paso”. Esta plataforma, complementaria al sistema Compra INE, permitirá a la ciudadanía consultar la línea del tiempo de cada contratación, incluyendo las necesidades iniciales, las empresas participantes, las decisiones tomadas, las entregas y los pagos realizados. La directora ejecutiva de Administración, Liliana Díaz de León, detalló que el portal se organizará en torno a cuatro preguntas clave sobre cómo contrata el INE y qué ha cumplido, buscando generar confianza en la gestión de los recursos.

Las investigaciones periodísticas y las autoridades también han puesto el foco en una red de siete empresas proveedoras vinculadas a los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Estas compañías, entre las que se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas, son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones financieras simuladas. Se acusa a Cajas Graf, por ejemplo, de haber transferido 130 millones de pesos entre 2012 y 2023 a esta red de empresas para realizar operaciones que evadirían la competencia leal en las licitaciones.