Exaltos cargos de la SEPI atribuirán a consultoras externas la gestión del rescate de Plus Ultra

Los antiguos altos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que gestionaron el rescate de Plus Ultra apuntarán a consultoras externas como las responsables de que la aerolínea fuese considerada apta para recibir 53 millones de euros en fondos públicos. Según fuentes conocedoras del caso, estos directivos defenderán ante el magistrado instructor, José Luis Calama, que la responsabilidad recae en las empresas ajenas que analizaron la situación financiera de la compañía, dado que no se realizó ningún informe interno en la SEPI.

La defensa ante la Audiencia Nacional

Los informes externos elaborados por el banco de inversión Daiwa Corporate Advisor, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se mostraron favorables a la subvención. Los testigos, que declararán en calidad de tales, argumentarán que, aunque la SEPI podía tener el deber de vigilar la estructura de la aerolínea, la validación técnica dependió de esas firmas. Además, negarán haber recibido presiones políticas, asegurando que todo se hizo siguiendo la estricta legalidad, aunque admiten en retrospectiva la falta de un comité específico para analizar los rescates.

La investigación de la Audiencia Nacional se centra en si los préstamos recibidos por Plus Ultra sirvieron para blanquear dinero. Se investiga una red de lavado de capitales vinculada al ex accionista mayoritario, Rodolfo Reyes Rojas, y al neerlandés Simón Leendert Verhoeven. Según las pesquisas, tras recibir 15,95 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), se transfirieron fondos a sociedades extranjeras controladas por Verhoeven, vinculadas al mercado del oro y programas de ayuda en Venezuela.

Próximas declaraciones y responsabilidades

El próximo 19 de noviembre, el director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, y el ex director financiero de Plus Ultra, Félix Martín, están citados a declarar. Estas testificales fueron reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción tras escuchar a los expresidentes de la aerolínea. Por otro lado, la investigación deriva hacia la Dirección General de Aviación Civil la responsabilidad de haber considerado a Plus Ultra una empresa estratégica, requisito imprescindible para optar a las ayudas públicas.

Los antiguos directivos de la SEPI también abordarán la cuestión del capital mayoritariamente extranjero, asegurando que la aerolínea podía considerarse española por tener su sede y centro de interés en el país, con Aurora López, esposa de Reyes Rojas, como propietaria formal. Bartolomé Lora, ex presidente interino de la SEPI, también está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con el rescate de Air Europa.