Claudio Rivas, socio de Aldama, busca desvincularse del fraude de Villafuel antes de declarar

Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos, se prepara para declarar voluntariamente como imputado en la Audiencia Nacional. Su objetivo principal es desligarse de la responsabilidad penal por el presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos, una trama que habría defraudado a la Agencia Tributaria por más de 182 millones de euros. La declaración está fijada para el 9 de diciembre, una fecha que Rivas aceptó tras solicitar inicialmente una cita en la semana de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Estrategia de defensa basada en certificaciones oficiales

Para sostener su inocencia, Rivas ha presentado un escrito ante el magistrado instructor, Santiago Pedraz, solicitando la práctica de varias diligencias de investigación. La estrategia central consiste en trasladar la responsabilidad a Carmen Pano, a quien Rivas señala como la persona que presuntamente llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Para ello, el empresario pide a Hacienda que certifique si él figura como administrador, representante o obligado tributario en los expedientes de comprobación de Villafuel o de las siete sociedades a las que esta facturó entre 2022 y 2024.

Rivas argumenta que estas peticiones buscan desmontar los indicios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señalan que él ostentaba el 'dominio real' de la empresa sin constar formalmente en los registros. En la misma línea, solicita la identidad de los titulares de los certificados electrónicos utilizados para presentar las autoliquidaciones de IVA y de quienes comparecieron ante la Inspección de Hacienda desde mayo de 2023. También reclama certificaciones de la Seguridad Social sobre su afiliación y del Ministerio de Transición Ecológica sobre la gestión del expediente de habilitación de Villafuel como operadora al por mayor.

Además, el socio de Aldama pide información a Exolum Corporation, controladora de la mayor parte de los depósitos fiscales de España, sobre los usuarios del sistema de pedidos y los interlocutores del contrato de servicios logísticos entre septiembre de 2022 y octubre de 2024. Finalmente, solicita a las entidades de crédito que detallan los titulares y apoderados de las cuentas de Villafuel durante el periodo investigado. Rivas justifica estas peticiones afirmando que se limitan a verificar quién firmó y presentó documentos, sin abrir nuevas líneas de investigación sobre terceros.

Pendiente de resolución judicial y poder notarial

El juez Pedraz ha recibido el escrito y ha consultado a la Fiscalía Anticorrupción antes de resolver si accede a la ejecución de estas diligencias. Por otro lado, la defensa de Rivas recuerda al magistrado que aún debe resolver un oficio dirigido al Consejo General del Notariado. Este oficio busca demostrar que Rivas había transferido el control de la mercantil Still Growing SL a un tercero antes de firmar un poder notarial el 21 de noviembre de 2022, documento que la investigación considera el único acto que lo vincula a la supuesta organización criminal.